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Reflexiones Libertarias
Ricardo Valenzuela
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REFLEXIONES LIBERTARIAS
EL EXTRAVIO DEMOCRATICO II
Ricardo Valenzuela
El resultado de nuestro extravío no fue sólo que el gobierno dejara de ser
gobierno bajo la ley, sino también el concepto de ley perdió su significado.
Los llamados cuerpos legislativos no se limitaban ya a dictar leyes en el
sentido de normas generales. Cualquier cosa que el “cuerpo legislativo”
decidiera tomaba el nombre de “ley”, de suerte que ya no se llamaban cuerpos
legislativos porque promulgaban leyes, sino que se llamaba “ley” todo lo que
emanara de ellos. El venerable término de “ley” perdió todo su antiguo
significado y se convirtió en un término para designar mandatos que los padres
del constitucionalismo habrían ligado a la práctica del gobierno arbitrario.
También el término “arbitrario” perdió su significado clásico. Antes
significaba “no sujeto a”, o ejercicio por una voluntad particular en vez de
ser conforme a normas reconocidas. En sentido propio, incluso las decisiones de
un autócrata pueden ajustarse a normas generales, mientras que las decisiones
de una mayoría democrática pueden ser totalmente arbitrarias. Pero las
decisiones de la mayoría en las asambleas legislativas contemporáneas no tienen
naturalmente necesidad de ese atributo. Toda deliberación es buena con tal de
que aumente los votos que apoyan las medidas del gobierno.
Un parlamento omnipotente, que no se limita a emanar normas generales,
significa gobierno arbitrario, o, peor, un gobierno que no puede obedecer a
ningún principio, sino que tiene que mantenerse distribuyendo favores a grupos
particulares; debe ganarse su propia autoridad mediante la discriminación. Por
desgracia, el Parlamento británico, que ha sido modelo de muchas instituciones
representativas, introdujo también la idea de soberanía (esto es, omnipotencia)
del propio Parlamento. Pero, en realidad, la soberanía de la ley y la soberanía
de un parlamento ilimitado son irreconciliables.
Resulta que los americanos de hace dos siglos tenían razón, y que un parlamento
omnipotente significa la muerte de la libertad individual. Al parecer, una
constitución libre no significa ya libertad del individuo, sino una licencia
que se da a la mayoría parlamentaria para que actúe arbitrariamente. Podemos
tener o bien un parlamento libre o bien un pueblo libre. La libertad personal
exige que toda autoridad esté limitada por principios duraderos aprobados por
la opinión del pueblo.
Del tratamiento
desigual a la arbitrariedad
Tuvo que pasar bastante tiempo para que se manifestaran las consecuencias de la
democracia ilimitada.
Durante un cierto periodo las tradiciones que se habían desarrollado durante el
periodo del constitucionalismo liberal sirvieron de freno a la expansión del
poder del gobierno. Pero siempre que estas formas de democracia fueron imitadas
en partes del mundo en las que no existían tales tradiciones, fracasaron invariablemente.
En cambio, en los países con mayor experiencia de los gobiernos representativos
las barreras tradicionales al uso arbitrario del poder se quebrantaron al
principio por motivos totalmente benévolos. La discriminación para la
asistencia a los menos afortunados no parecía ser discriminación.
(Recientemente se ha acuñado el término sin sentido de “menos privilegiados”
para enmascarar esta discriminación.) Para colocar en una posición material más
igual a gente inevitablemente muy diferente en las condiciones de las que en
gran parte depende su éxito en la vida, es necesario tratarlas de manera
desigual.
Sin embargo, la ruptura del principio de igual trato bajo el imperio de la ley
incluso por motivos caritativos abrió inevitablemente las puertas a la
arbitrariedad, y para enmascararlo se acudió a la fórmula “justicia social”;
nadie sabe con precisión a qué se refiere esa fórmula, pero precisamente sirve
de varita mágica para romper todas las barreras a favor de medidas parciales.
Conceder gratificaciones a costa de alguien que no puede ser identificado
fácilmente se convirtió en el modo más fácil de comprar el apoyo de la mayoría.
Pero un parlamento o un gobierno que se convierte en una institución benéfica
se expone inevitablemente al chantaje. Con frecuencia no trata ya de una
“compensación” sino que se convierte exclusivamente en una “necesidad política”
la que determina qué grupos deben ser favorecidos a costa de otros.
Esta corrupción legalizada no es culpa de los políticos; éstos no pueden evitarla
si quieren ganar posiciones en las que poder hacer algo bueno; se convierte en
una característica intrínseca de todo sistema en el que el apoyo de la mayoría
autoriza a adoptar medidas especiales para satisfacer quejas particulares.
Tanto una legislatura limitada a dictar normas generales, como un gobierno que
sólo puede emplear la coacción para hacer observar unas normas generales que él
no puede modificar, pueden resistir semejante presión; una asamblea omnipotente
no puede hacerlo. Privado de todos los poderes de coacción discrecional, el
gobierno podría aún discriminar en la prestación de servicios; pero esto sería
menos dañino y podría evitarse más fácilmente. Cuando el gobierno central no
tiene poder coactivo discriminador, muchos servicios podrían y deberían
delegarse en asociaciones locales o regionales que pudieran competir para
atraer a más habitantes ofreciendo mejores servicios a costes inferiores.
La separación de
poderes para evitar el gobierno ilimitado
Parece claro que una asamblea representativa nominalmente ilimitada
(“soberana”) derivará progresivamente hacia una constante e ilimitada
ampliación de los poderes del gobierno. Parece igualmente claro que esto sólo
puede evitarse dividiendo el poder supremo entre dos asambleas distintas
elegidas democráticamente, es decir, aplicando el principio de la separación de
poderes al más alto nivel.
Estas dos asambleas deberían estar compuestas de manera diferente para que la
legislativa represente la opinión del pueblo acerca de qué tipo de acciones del
gobierno son justas y cuáles no, y para que la asamblea gubernativa se guíe por
la voluntad del pueblo en las medidas particulares que tenga que adoptar en
conformidad con las normas dictadas por la primera. Para esta segunda función –
que es la principal ocupación de los parlamentos actuales – se han adaptado
adecuadamente las prácticas y la organización de los propios parlamentos,
especialmente su organización a base de partidos, que es realmente
indispensable para dirigir el gobierno.